Pre-pack concursal: cómo vender el negocio en funcionamiento cuando la empresa ya no puede pagar

Cómo vender la unidad productiva antes o con la solicitud de concurso, qué valora el juez y qué deudas no hereda el comprador.

Cuando una empresa con un negocio viable deja de poder pagar, ese negocio sigue valiendo más en funcionamiento que vendido por piezas. Lo que se pierde, semana a semana, es tiempo: clientes que dejan de comprar, proveedores que exigen el pago por adelantado y personas clave que buscan otra salida.

El pre-pack concursal (o prepack) permite preparar la venta de la unidad productiva antes de que se declare el concurso, o presentarla ya negociada con la propia solicitud, para que el juez la apruebe en cuestión de semanas y el negocio siga operando con un nuevo titular.

En este artículo explicamos las dos vías que ofrece el texto refundido de la Ley Concursal, qué valora el juez, qué pueden oponer los acreedores, qué ocurre con la plantilla, los contratos y las deudas, y qué cambiará con la Directiva (UE) 2026/799.

Qué es el pre-pack concursal y qué no es

El pre-pack es una venta de la unidad productiva que se negocia antes de la declaración de concurso y se ejecuta dentro de él. La ley entiende por unidad productiva «el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria»: instalaciones, maquinaria, marcas, contratos, licencias y, normalmente, la plantilla que hace funcionar el negocio.

Lo incorporó la Ley 16/2022 en los artículos 224 bis a 224 septies del texto refundido de la Ley Concursal. Algunos juzgados de lo mercantil ya lo venían admitiendo en la práctica; desde septiembre de 2022 tiene base legal.

Conviene distinguirlo de dos figuras cercanas. En la venta fuera de concurso, que tratamos en Refinanciar, reestructurar o vender, la operación se cierra entre las partes y el comprador asume los riesgos de cualquier compraventa de empresa. En un plan de reestructuración, la compañía conserva su negocio y lo que cambia es su deuda. En el pre-pack cambia el titular del negocio: el precio pasa a la masa del concurso para pagar a los acreedores y el comprador continúa la actividad sin heredar, como regla general, las deudas anteriores.

Las dos vías del texto refundido

La ley ofrece dos caminos, que pueden combinarse: buscar comprador antes del concurso con la ayuda de un experto, o presentar la solicitud de concurso con una oferta ya cerrada.

Insolvencias

Pre-pack concursal

Mapa del proceso: dos vías para vender el negocio en funcionamiento

La venta de la unidad productiva en el texto refundido de la Ley Concursal, artículos 224 bis a 224 septies.

El recorrido

Del primer contacto con compradores a la transmisión

Vía 1 Reservada

  1. Un experto recaba ofertasOpcional, antes del concurso

Vía 2 Pública, dentro del concurso

  1. Solicitud de concurso con oferta vinculanteLa presenta el deudor
  2. Auto de declaración y publicación de la ofertaDía 0
  3. Observaciones, ofertas alternativas e informes15 días y cinco más
  4. Mejora, aprobación judicial y transmisiónTres días y tres días

Las dos vías, comparadas

Pueden combinarse

Aspecto Vía 1Un experto recaba ofertas Vía 2Solicitud con oferta vinculante
Base legal Artículos 224 ter a 224 septies Artículo 224 bis
Cuándo Con probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual Con la solicitud de concurso, en insolvencia inminente o actual
Quién conduce Un experto nombrado por el juez, que fija la duración del encargo y su retribución El deudor presenta la oferta, la administración concursal la evalúa y el juez la aprueba
Publicidad Nombramiento reservado Oferta publicada el mismo día que la declaración de concurso
Precio Pago al contado Precio, forma de pago y garantías que fije la oferta
Continuidad exigida Dos años Tres años
Punto crítico No suspende el deber de solicitar el concurso ni paraliza las ejecuciones Queda abierta a ofertas alternativas durante 15 días

Calendario legal tras el auto

Vía 2, con ofertas alternativas

  1. Acreedores y terceros Observaciones y ofertas alternativas

    Del día 0 al 15: 15 días

  2. Administración concursal Informe de la oferta y de las alternativas

    Del día 0 al 15: 15 díasy del día 15 al 20: 5 días

  3. Oferentes Mejora simultánea de las ofertas

    Del día 20 al 23: 3 días

  4. Juez Aprobación de la más ventajosa para el interés del concurso

    Del día 23 al 26: 3 días

26 días hábiles de plazos legales

Lectura. Es la suma de los plazos del artículo 224 bis cuando concurren ofertas alternativas. No incluye los tiempos de tramitación del juzgado ni el cumplimiento de las condiciones suspensivas de la oferta.

Tres cifras que condicionan la operación

  • 2 meses

    Plazo para solicitar el concurso desde que se conoció, o debió conocerse, la insolvencia actual. El nombramiento del experto no lo suspende.

    Arts. 5 y 224 quinquies

  • 75 %

    Parte de la clase de acreedores con privilegio especial que debe dar su conformidad si el precio que le corresponde no alcanza el valor de la garantía.

    Art. 214

  • 1.714 días

    Mediana hasta la conclusión de los concursos liquidatorios terminados en 2025, sin contar los que no tenían masa.

    Anuario 2025, p. 67

Fuentes: texto refundido de la Ley Concursal, arts. 5, 214, 218 y 224 bis a 224 septies. Cómputo en días hábiles conforme al art. 133.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supletoria según el art. 521 del texto refundido. Colegio de Registradores, Anuario Concursal 2025, p. 67. Elaboración de Almendros Asociados.M&A · Reestructuraciones · Insolvenciasalmendrosasociados.com

Primera vía: un experto recaba ofertas antes del concurso

El deudor que se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual puede pedir al juzgado competente para declarar su concurso que nombre un experto para recabar ofertas de terceros por una o varias unidades productivas, con pago al contado y aunque hayan cesado en la actividad (artículo 224 ter). Hay probabilidad de insolvencia cuando es objetivamente previsible que, sin un plan de reestructuración, la empresa no podrá atender las obligaciones que venzan en los próximos dos años; es inminente cuando el incumplimiento se prevé dentro de los tres meses siguientes.

  • Quién puede ser experto. Una persona natural o jurídica que reúna las condiciones para ser experto en la reestructuración o administrador concursal. La aceptación del cargo es voluntaria.
  • Reserva. La resolución que acuerda el nombramiento se mantiene reservada: clientes, proveedores y competidores no tienen por qué conocerla mientras se busca comprador.
  • Retribución. La fija el juez en atención al valor de la unidad productiva y puede depender, total o parcialmente, del resultado.
  • Compromiso del comprador. Quien oferta no puede actuar por cuenta del deudor y debe comprometerse a continuar o reiniciar la actividad durante al menos dos años, bajo responsabilidad por los daños que cause su incumplimiento.

Dos advertencias. El nombramiento no exime del deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a conocer la insolvencia actual (artículo 224 quinquies): si la insolvencia ya es actual, el proceso de venta tiene que caber en ese plazo. Y, hoy por hoy, la ley no asocia a esta fase una paralización de las ejecuciones. Si el concurso llega a declararse, será competente el mismo juez, que podrá ratificar al experto como administrador concursal (artículo 224 sexies).

Segunda vía: solicitud de concurso con oferta vinculante

El deudor puede presentar, junto con la solicitud de concurso, una propuesta escrita vinculante de un acreedor o de un tercero para adquirir una o varias unidades productivas (artículo 224 bis). Es la vía natural cuando ya hay comprador, haya surgido de un proceso con experto o de una negociación directa. El calendario que fija la ley es corto:

  • Compromiso de continuidad. El oferente debe comprometerse a continuar o reiniciar la actividad durante al menos tres años.
  • Publicidad. La oferta se publica en el portal de liquidaciones concursales del Registro Público Concursal el mismo día que la declaración de concurso.
  • Observaciones y ofertas alternativas. En el auto de declaración, el juez concede 15 días para que los acreedores personados formulen observaciones y para que cualquier interesado presente una oferta alternativa. En ese plazo, la administración concursal emite su informe de evaluación; si hay ofertas alternativas, dispone de cinco días más para informarlas.
  • Mejora y aprobación. Con varias ofertas, el juez abre un plazo simultáneo de tres días para mejorarlas y, en los tres días siguientes, aprueba la más ventajosa para el interés del concurso.

Sobre el papel, los plazos legales permiten aprobar la oferta en pocas semanas desde el auto de declaración. Si su ejecución depende de condiciones, como la autorización de las autoridades de competencia, el juez puede exigir al adjudicatario caución o garantía suficiente. La propuesta también puede proceder de los propios trabajadores, mediante una sociedad cooperativa, laboral o participada: si su oferta es igual o superior a las demás, el juez la priorizará siempre que atienda al interés del concurso.

Qué valora el juez

El criterio legal es el interés del concurso, y no se reduce al precio. La administración concursal valora cada propuesta con ese criterio e informa sobre el efecto que tendría en las masas activa y pasiva la resolución de los contratos que cada oferta deje fuera.

La ley exige que toda oferta identifique al oferente y acredite su solvencia y sus medios humanos y técnicos; que delimite con precisión los bienes, derechos, contratos, licencias y autorizaciones que incluye; que indique el precio, la forma de pago y las garantías, distinguiendo el precio con y sin subsistencia de las garantías existentes; y que explique su incidencia sobre los trabajadores (artículo 218).

En la práctica, el juez pondera precio, certeza de pago y continuidad. La regla de preferencia del artículo 219 lo ilustra: en una subasta, puede adjudicar a una oferta hasta un 15 % inferior a la más alta si ofrece más continuidad para la empresa y los puestos de trabajo y una satisfacción mejor y más rápida de los créditos.

Lo que más pesa en contra es la falta de transparencia. Una oferta preparada sin dar a otros la oportunidad de mejorarla, sobre todo si el comprador está vinculado al deudor, será examinada con más rigor por la administración concursal, por los acreedores y por el juez.

Qué pueden oponer los acreedores

Los acreedores pueden formular observaciones y presentar ofertas alternativas en el plazo de 15 días. Pero quienes más capacidad tienen de condicionar la operación son los acreedores con garantía real sobre activos de la unidad productiva, como la nave hipotecada o la maquinaria pignorada (artículo 214):

  • Venta sin subsistencia de la garantía. Al acreedor le corresponde la parte del precio equivalente al peso del bien gravado en el valor global de la unidad. Si ese importe no alcanza el valor de la garantía, la venta necesita la conformidad de los acreedores con privilegio especial y derecho de ejecución separada que representen al menos el 75 % de la clase afectada.
  • Venta con subsistencia de la garantía. El comprador se subroga en la deuda con garantía y no hace falta el consentimiento del acreedor; el juez debe velar por que el adquirente tenga solvencia para asumirla. Esta subrogación no cabe en los créditos tributarios y de Seguridad Social.

Los representantes de los trabajadores, si existen, deben ser oídos durante 15 días antes de que el juez resuelva sobre la venta (artículo 220).

Por eso, la negociación con la banca que tiene garantías es la pieza que más conviene adelantar. Un pre-pack bien preparado llega al juzgado con el reparto del precio ya trabajado.

Plantilla, contratos y deudas: qué recibe el comprador

A efectos laborales y de Seguridad Social, la venta de una unidad productiva se considera sucesión de empresa (artículo 221). El juez del concurso es el único competente para declararla y para delimitar los activos, pasivos y relaciones laborales que la componen, y puede pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que debe emitirlo en 10 días.

En cuanto a las deudas, el comprador no asume los créditos pendientes del deudor, ni concursales ni contra la masa, salvo en tres casos (artículo 224):

  • cuando los asume expresamente;
  • cuando así lo establece una disposición legal;
  • cuando hay sucesión de empresa respecto de los créditos laborales y de Seguridad Social de los trabajadores en cuyos contratos se subroga. En este caso, el juez puede excluir la parte de los salarios e indemnizaciones pendientes que asuma el Fondo de Garantía Salarial.

Esa exclusión de deudas no se aplica si el comprador es una persona especialmente relacionada con el deudor (artículo 224.2). En una sociedad lo son, entre otros, los socios con al menos el 10 % del capital si no cotiza, los administradores de derecho o de hecho y quienes lo hayan sido en los dos años anteriores, y las sociedades del mismo grupo (artículo 283). Es la cuestión que más condiciona las operaciones en las que el propio empresario, o su familia, quiere recomprar el negocio a través de una nueva sociedad.

En los contratos, el comprador se subroga, sin necesidad de consentimiento de la otra parte, en los que estén afectos a la continuidad de la actividad; los contratos administrativos siguen las reglas de la contratación pública. Si continúa en las mismas instalaciones, se subroga también en las licencias y autorizaciones administrativas. Y puede excluir en su oferta los contratos no laborales, licencias o autorizaciones que no le interesen (artículos 222 y 223). La resolución que aprueba la transmisión cancela además las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo que la venta se haga con subsistencia de la garantía (artículo 225).

El coste de esperar

La alternativa a un pre-pack no suele ser un plan mejor, sino una liquidación ordinaria. Según el Anuario Concursal 2025 del Colegio de Registradores, en 2025 se aprobaron 43 convenios frente a 1.279 aperturas de la fase de liquidación (p. 37). Y los concursos liquidatorios concluidos ese año, excluidos los que no tenían masa, tardaron una mediana de 1.714 días desde la declaración hasta la conclusión (p. 67).

Son casi cinco años en los que el negocio, si todavía existe, pierde clientes, personal y fondo de comercio. La diferencia entre lo que un comprador paga por la empresa en funcionamiento y lo que se obtiene vendiendo sus activos por separado es la prima por continuidad, y es lo que el pre-pack intenta preservar para los acreedores y para la plantilla.

Si la insolvencia todavía no es actual, hay más opciones. En Tensión de liquidez explicamos cuándo nace el deber de solicitar el concurso y qué margen ofrece una reestructuración. El pre-pack es la herramienta para cuando ese margen se ha agotado y lo que procede es vender el negocio a tiempo.

Lo que cambiará con la Directiva (UE) 2026/799

La Directiva (UE) 2026/799, relativa a la armonización de determinados aspectos del Derecho en materia de insolvencia, dedica su título IV a los procedimientos de venta prenegociada. Los Estados miembros deben transponerla a más tardar el 22 de enero de 2029, y el modelo que establece tiene dos fases: una de preparación, con un supervisor independiente, y otra de liquidación, en la que el juez autoriza la venta.

Frente al texto refundido, estos son los cambios más relevantes:

  • Un proceso competitivo, transparente y justo. El supervisor debe justificar que el proceso de venta lo ha sido, recomendar la mejor oferta y declarar que no incumple la prueba del interés superior de los acreedores (artículo 24). Los Estados podrán prever una subasta pública de hasta tres meses en la que la oferta seleccionada sirva de oferta inicial (artículo 29).
  • Paralización de ejecuciones durante la preparación, cuando el deudor esté en probabilidad de insolvencia o sea insolvente (artículo 25). Hoy la vía del experto no la prevé.
  • Cesión de contratos sin consentimiento de la otra parte, como ya ocurre en España, con una excepción nueva: que el comprador sea competidor de esa parte (artículo 30).
  • Compra libre de deudas, salvo las obligaciones derivadas de las relaciones laborales afectadas y las deudas que el comprador asuma expresamente (artículo 31).
  • Compras por personas vinculadas al deudor, admitidas si declaran su relación, se informa a los demás interesados, se valora la empresa en funcionamiento y los demás disponen de tiempo suficiente para ofertar (artículo 35). Es difícil de conciliar con la regla española actual, que les niega la exclusión de deudas.
  • Límite para los acreedores con garantía, que solo podrán compensar su crédito con el precio hasta el valor de mercado de la empresa (artículo 37).

Hasta la transposición rige el texto refundido. Pero la dirección es clara: más transparencia en la fase reservada y más seguridad para quien compra, dos razones más para preparar la venta con método desde el principio.

Cómo lo trabajamos

Un pre-pack es a la vez una operación de M&A y un procedimiento concursal, y se decide en los dos planos. En el financiero, valoramos la unidad productiva frente a su valor de liquidación, delimitamos el perímetro y preparamos la información para los compradores. En el jurídico, ordenamos la solicitud, la oferta y el reparto del precio con los acreedores con garantía, y anticipamos el tratamiento de la plantilla y de los contratos.

Lo hemos hecho desde los dos lados de la operación. En el concurso de Ireko Medical, S.L. (Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de A Coruña, 2025) dirigimos, como letrados del deudor, la solicitud de concurso con la oferta de compra de su unidad productiva, que también preparamos. En el de Lindsey 2015, S.L. (Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona, 2024) asesoramos al oferente, con la oferta unida a la solicitud de concurso. Desde 2008 hemos intervenido en más de cien concursos como abogados y administradores concursales.

Preguntas frecuentes

¿Puede el propio empresario comprar su negocio en un pre-pack?

Puede presentar una oferta, pero si es una persona especialmente relacionada con el deudor, por ejemplo un socio con al menos el 10 % de una sociedad que no cotiza o un administrador actual o de los dos años anteriores, no se beneficia de la exclusión de deudas del artículo 224 del texto refundido. La Directiva (UE) 2026/799 admitirá estas compras con requisitos de transparencia y valoración, pero todavía no está transpuesta.

¿Es confidencial el proceso?

La resolución que nombra al experto para recabar ofertas se mantiene reservada. Cuando se presenta la solicitud de concurso con la oferta, esta se publica en el portal de liquidaciones concursales del Registro Público Concursal el mismo día que la declaración de concurso.

¿Cuánto tarda?

En la vía de la solicitud con oferta, tras el auto de declaración la ley prevé 15 días para observaciones y ofertas alternativas, cinco días para el informe sobre las alternativas y dos plazos de tres días para la mejora y la aprobación. Sobre el papel son pocas semanas; la duración real depende del juzgado y de que surjan ofertas competidoras.

¿Qué pasa con los trabajadores?

Hay sucesión de empresa a efectos laborales y de Seguridad Social. El juez del concurso delimita qué relaciones laborales se transmiten y puede excluir de la subrogación la parte de los salarios e indemnizaciones pendientes que asuma el Fondo de Garantía Salarial. Los representantes de los trabajadores son oídos durante 15 días.

¿Puede el banco con garantía bloquear la venta?

Tiene derecho de veto en un supuesto concreto: si la unidad se vende sin subsistencia de la garantía y la parte del precio que le corresponde no alcanza el valor de esa garantía, hace falta la conformidad de los acreedores con privilegio especial que representen al menos el 75 % de la clase afectada. Si el comprador se subroga en la deuda con garantía, no se necesita su consentimiento.

¿El nombramiento del experto paraliza las ejecuciones o el plazo para solicitar el concurso?

No. El nombramiento no exime de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a conocer la insolvencia actual, y la ley no prevé hoy una paralización de las ejecuciones en esa fase. La Directiva (UE) 2026/799 sí la exigirá durante la fase de preparación.

Antes de que el valor se pierda

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Antonio Almendros, socio director de Almendros Asociados

El autor

Antonio Almendros

Asesor en finanzas corporativas y abogado · Socio director de Almendros Asociados

Asesora a empresarios, accionistas e inversores en operaciones de M&A, valoración y reestructuración de deuda en el middle market español. Abogado en ejercicio desde 2002 y administrador concursal desde 2008, con más de cien concursos dirigidos.

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Autor · Profit Editorial, noviembre de 2026

«Los mercados financieros»
Coautor · Tirant lo Blanch, 2013

«Reestructuración y Segunda Vida»
Coautor · Surus, 2024

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